Como parte de la consulta del Programa para México en la Fundación Colosio tuvimos un encuentro con la Comisión sobre Federalismo Hacendario del PRI para profundizar en el diálogo sobre las necesidades que tienen los estados en materia financiera y la importancia de renovar el pacto fiscal. Se trata de un tema álgido que sin duda deberemos abordar en la Plataforma Electoral 2012-2018 en el Revolucionario Institucional.
Quienes han encabezado la estrategia mediática de las últimas semanas en contra del PRI se rehúsan a comprender que para las entidades federativas es cada día más complicado hacer frente a los gastos en educación, salud y seguridad pública, principalmente, debido a que la federación les ha venido delegando mayores obligaciones sin darles más recursos económicos.
El tema se ha centrado en exhibir que los priistas quieren más dinero para los estados, pero no han atendido la argumentación de por qué los estados se han venido endeudando. La dinámica que prevalece entre las entidades y el gobierno federal es muy inequitativa en la distribución de los recursos públicos, y sin embargo a este último se le hace fácil culpar a los estados de adquirir deuda para fomentar el desarrollo y cumplir con todas las demandas de los ciudadanos.
El gobierno federal tiene ingresos como nunca antes y los estados siguen sin recibir más recursos. De 2006 a 2010, el presupuesto federal creció 32 por ciento en términos reales y el gasto federal que va a las entidades federativas sólo un 17 por ciento, generando un rezago fiscal para los estados que supera los 140 mil millones de pesos. A esto hay que añadir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuye a discrecionalidad y en algunas ocasiones a destiempo; en estas dos últimas administraciones ha operado con una amplia opacidad y existe desconocimiento de cuánto es lo que en realidad recauda.
En los últimos años se les han ido recortando recursos a los estados de los diferentes fondos de inversión en infraestructura; la eliminación del Fondo de Infraestructura de las Entidades Federativas representa el caso más grave, pues en 2010 asignó a los estados 13,500 millones de pesos.
También tomemos en cuenta que los estados actualmente aportan una considerable cantidad adicional de recursos propios para hacer frente a nuevas presiones de gasto que se deciden desde el gobierno federal.
Por ejemplo, en 2006, la homologación de salarios del magisterio significó un aumento de 25 por ciento al sueldo de 8 de cada 10 maestros de educación básica en todo el país, mismo que se vieron obligados a financiar los estados. Lo mismo pasa con la aportación estatal del Seguro Popular o con el pago del ISR de los empleados públicos estatales, así como con las nuevas responsabilidades que han sido trasladadas a los estados en materia de seguridad y justicia. Todas estas han significado una presión financiera adicional superior a los 70 mil millones de pesos de 2006 a la fecha.
El incremento de la deuda de los estados de 2006 a 2010, equivalente a 123 mil millones de pesos (a pesos de 2010), representa apenas la mitad de la suma de lo que los estados dejaron de recibir y del costo de las nuevas obligaciones de gasto, generadas como consecuencia de decisiones federales.
Mientras el costo anual del servicio de la deuda contratada por las 32 entidades federativas entre 2006 y 2010 asciende a 10 mil mdp, el costo de la rezonificación del magisterio y del pago de ISR del propio magisterio estatal significa un monto cuatro veces superior a dicha cantidad.
Además, de una manera engañosa el PAN exige a los gobiernos del PRI expliquen los niveles de violencia y muertes en los estados gobernados por este partido. Se trata de una actitud de cinismo toda vez que el gasto federal en seguridad pública de 2000 a 2011 aumentó 594 por ciento, mientras el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal se redujo un 15 por ciento, a pesar de que los estados y municipios son responsables del 90 por ciento de los elementos de seguridad y justicia en el país.
Así, es evidente que se tienen que plantear reglas claras sobre el federalismo hacendario. Tenemos que caminar hacia mecanismos de mayor transparencia y rendición de cuentas. La situación de alta dependencia que los estados tienen del gobierno federal debe cambiar, tienen que contar con mayores recursos para financiar todas las actividades que generan desarrollo, empleo, crecimiento económico…
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